LA ARISTOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO Y SU IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD

Desde el punto de vista etimológico, la aristocracia es el gobierno de los mejor capacitados para guiar el destino de un país, pues -conforme a la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- el vocablo designa “Grupo de individuos que sobresalen entre los de su mismo ámbito por alguna circunstancia”. Desde esta perspectiva, la aristocracia no se relaciona necesariamente con el poder económico de quienes gobiernan, pues el esquema es representativo de las formas degeneradas de esta forma de gobierno: la plutocracia o la oligarquía.

Al mismo tiempo, entra en contraste con formas de gobierno como la monarquía y la democracia. Dicha distinción se funda en cuántas personas deben detentar el poder: mientras en la primera es una, en la segunda son muchas. Por esta razón, la aristocracia está en el punto medio, ya que el ejercicio del poder correspondería a un grupo de sujetos cualificados. No en vano, POLIBIO señala que:

«No todo gobierno de una sola persona ha de ser clasificado inmediatamente como reino, sino sólo aquel que es aceptado libremente y ejercido más por la razón que por el miedo o la violencia. Tampoco debemos creer que es aristocracia cualquier gobierno de pocos hombres; sólo lo es la presidida por hombres muy justos y prudentes» (POLIBIO citado por Norberto BOBBIO. La teoría de las formas de gobierno en el pensamiento político. México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 45-46).

Dicha cualificación se basa en la necesidad de incorporar la figura del gobernante ilustrado, esto es, el ideal de que quienes detenten el poder, deben buscar el interés general, no el individual. En la práctica, no obstante, es más complejo hacerlo que decirlo, pues depende de la efectividad de los controles jurídicos establecidos para determinar la responsabilidad de los gobernantes.

Al margen de este asunto, la aristocracia tiene un referente moderno en los órganos estatales cuya toma de decisiones requiere conocimientos técnicos, pues, las decisiones estatales no pueden estar de espalda a la realidad. En este sentido, la tecnocracia es el referente moderno de la aristocracia en el entorno actual. No en vano, aquel concepto designa la «Forma de gobierno en el que los cargos públicos no son desempeñados por políticos, sino por especialistas en sectores productivos o de conocimiento». Adicionalmente, la doctrina señala que:

«En sentido etimológico, designa, si no una forma de gobierno —que quedaría en el campo de la utopía—, por lo menos, una concepción del Poder: aquella en que la decisión debe emanar del que está técnicamente capacitado para establecer los supuestos. Esta concepción toma formas muy variadas, desde los abogados en favor de los ministros técnicos, hasta el análisis de la sociedad dictatorial, donde […] los «managers» se convierten en el Estado, pasando por el deseo de ciertos sabios de controlar el uso de sus -descubrimientos. Vista de esta forma, la tecnocracia, bajo sus distintos aspectos, se opone con más o menos fuerza a la democracia, en tanto que tiende a elegir a los responsables políticos por otras vías distintas del sufragio» (GREGOIRE, Roger. Los problemas de la tecnocracia y el papel de los expertos. Consultado en la página web http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=523&IDA=8537 el 13 de Mayo de 2017).

En este contexto, no es acertado pensar que la Administración ejecuta actividades con fundamento exclusivo en normas jurídicas, pues la concreción del interés general implica tener en cuenta consideraciones de orden técnico.  De hecho, la actuación de las autoridades públicas se rige por los principios de eficiencia y eficacia, es decir, debe cumplir con los cometidos estatales utilizando la menor cantidad de recursos posibles. En esta adecuación entre fines y medios, las reglas técnicas de diversas áreas del conocimiento permiten formular opciones y escoger la solución óptima.   Por   ello, en   la   praxis administrativa, es usual que las autoridades se apoyen en economistas, contadores, ingenieros, entre otros para tomar decisiones; razón por la cual, mientras estas consideraciones constituyen el sustrato material de la determinación, el derecho es el instrumento que permite su formalización jurídica.

Así, el hecho de esta concepción aristocrática del poder perviva en el Estado moderno, da cuenta de la importancia de personal cualificado en las tareas gubernamentales. Si estos aspectos técnicos estuvieran librados al debate democrático, además de que ciertos temas están fuera del alcance del ciudadano profano, una discusión amplia del tema demora la toma de decisiones urgentes para la administración pública. Piense, por ejemplo, en la elaboración del plan de ordenamiento territorial de los municipios o en la fijación del régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios por parte de las comisiones de regulación.

En definitiva, el progreso técnico ha traído una nueva forma de aristocracia. Sin embargo, de los párrafos precedentes se deprenden por los menos dos (2) riesgos: (i) la sustitución de las normas jurídicas por las normas técnicas y (ii) un debilitamiento del control democrático de las decisiones. Pese a lo anterior, la versión de actualizada de esta forma de gobierno tiene inusitada importancia en la actualidad.